LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (X): Otros profesionales del ámbito de la inadaptación social. (Continuación)

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (X): Otros profesionales del ámbito de la inadaptación social. (Continuación) 

En definitiva, la mayoría de autores están de acuerdo en que las implicaciones de las teorías de la privación y la desventaja para la práctica de una intervención efectiva sobre la conducta delictiva son normalmente vagas y de poca ayuda a la hora de guiar la práctica y conducen a estilos de trabajo que poco tienen que hacer con la actual conducta delictiva de un individuo particular. En consecuencia, y lo que es más grave, si no se logra la desaparición de la conducta delictiva es prácticamente impensable la inserción social, tarea que paradójicamente se le exige al profesional de base. 

Investigaciones más modernas ponen el acento en aspectos cualitativamente diferentes a la hora de hablar de las causas y de los factores que mantienen la delincuencia, si bien los resultados de tales investigaciones y las formas de intervención a las que ellas conducen tienen, por el momento, muy escaso eco en nuestro contexto geográfico. 

Tales investigaciones, fundamentadas en aportaciones de la Psicología Social, la Psicología Cognitiva y las más modernas teorías explicativas de la conducta desviada (teorías ecológico-conductuales, etc.) parten de las siguientes premisas básicas: "a) el individuo es un producto social, b) el delincuente es activo a la hora de determinar su conducta, c) es un ser racional, que piensa, que decide, que percibe (sin por ello olvidar que también es un ser afectivo), y d) los seres humanos no solamente observamos la conducta de los demás sino que le atribuimos significados en función de nuestros propios constructos”, como ya apuntó Derman en 1988. 

La conclusión fundamental a la que llegan estas investigaciones es que los factores que mantienen la conducta delictiva o desviada actual -no ya la causa general, quizás remota en el tiempo, sobre la que no es posible incidir- pueden englobarse bajo dos grandes categorías: a)los factores del contexto situacional en que se desenvuelve el individuo y realiza sus actos , y b) las percepciones, las actitudes, las cogniciones y las motivaciones que dirigen sus intenciones y su conducta y que emergen en este particular contexto. Y ello no es incompatible con el hecho de pensar que esas percepciones, actitudes, etc. tienen su punto de arranque en experiencias tempranas, e incluso actuales, de privación afectiva y educativa y de desventaja social. 

Las implicaciones para la práctica que comportan ambas formas de conceptualización de la delincuencia son, evidentemente, muy distintas. A grandes rasgos, mientras las teorías de la privación y la desventaja dan lugar a estilos de intervención indiferenciados, que se aplican a toda la población, y que consisten básicamente en ofrecer recursos compensatorios de tales déficits, las modernas formas de intervención consisten en incidir directamente sobre el sistema de creencias y actitudes del sujeto y sobre sus capacidades cognitivas de resolución de problemas interpersonales y toma de decisiones, pasando por la incidencia en factores como el autoconcepto, el autocontrol o las habilidades sociales (y todo ello sin descuidar, por supuesto, la vertiente compensatoria). 

De acuerdo con todo lo dicho, hay que pensar en un plan de formación coherente que lleve al profesional, más que a ser un buen técnico y un buen conoceder de muy diversos temas, a que comprenda la delincuencia, a que entienda los motivos y razones que se encuentran detrás de cada acto delictivo protagonizado por cada uno de sus "clientes"; a que sea capaz de descubrir y entender el razonamiento y el sentimiento que subyace en cada acción humana; que sea capaz de penetrar en la dinámica intencional de los jóvenes con los que trata; que sea capaz de establecer con ellos una relación empática, una interacción real, en definitiva, una comunicación humana. Además, hay que formar a un profesional reflexivo, autocrítico, capaz de modificar e investigar su propia acción y, sobre todo, y quizá lo más importante, hay que formar el area de las actitudes personales a la hora de pensar y enfrentarse con el fenómeno de la delincuencia. 

Haciendo un esfuerzo de traducir todo ello en objetivos, podríamos afirmar, junto la opinión e otros autores, que los objetivos de la formación de los profesionales que trabajan en el campo de la delincuencia infantil y juvenil deberían ser:

1. dominio de los elementos del contexto: individuos, organizaciones... 
2. conocimiento profundo de los contenidos de la profesión,
3. sensibilidad constante a los acontecimientos
4. capacidad analítica, de solución de problemas, de decisión y de juicio,
5. capacidad y habilidades sociales 
6. capacidad emotiva y capacidad para trabajar eficazmente incluso en situaciones muy problemáticas
7. orientación a la acción,
8. creatividad, 
9. capacidad de reflexión e investigación. 

Reconocidas escuelas europeas en el ámbito de la formación especializada de los trabajadores del campo de la Justicia de Menores y la Justicia Juvenil coinciden en abordar un conjunto de temas que nos parecen de interés. Nos referimos, principalmente, a la Escuela Bavaresa de formación de funcionarios del ámbito de la Justicia (Alemania), al Centro de Formación y Estudios de Educación Vigilada de Vaucresson (Francia) y al Instituto de Educación Superior del condado de West Sussex en el sureste de Inglaterra. 

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (IX): Otros profesionales del ámbito de la inadaptación social. (Continuación)

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (IX): Otros profesionales del ámbito de la inadaptación social. (Continuación)

Otros profesionales del ámbito de la inadaptación social.

En los últimos años, los cambios legislativos que se han producido en materia de Justicia, especialmente de Justicia Juvenil, han recualificado y especializado enormemente la figura del DAM y, en menor medida, la del educador de Centro o de Prisiones. A todos ellos se les da una doble función: por una parte, la educativa (o educativo-asistencial) y, por otra, la de control, teniendo que hacer difíciles equilibrios para cumplir con ambas sin perder por ello la confianza ni del menor o joven ni, por supuesto, la del Juez, ni la de la Institución, ni, por extensión, la de la sociedad en general. 

A todos los requerimientos nuevos y viejos de la profesión, se unen el conocimiento de las experiencias de países extranjeros en materia de intervención educativa sobre la delincuencia, así como de las investigaciones realizadas dentro y fuera de nuestro país sobre aspectos muy variados relacionados directamente con el tema de la inadaptación social. 

A pesar de todos los cambios y de la posibilidad de acceso a tantos nuevos conocimientos y experiencias, parece (salvo algunas excepciones de equipos que trabajan cohesionadamente en pro de la mejora real de su trabajo) como si el profesional de base estuviera anclado en formas de intervención rutinarias, escasamente cuestionadas, algunas veces burocratizadas y, en pocas ocasiones, provocadoras del cambio cualitativo que debe producirse en el comportamiento y estilo de vida de los menores y jóvenes a fin de conseguir su efectiva inserción social. 

Si bien esta situación la podemos achacar en parte a una falta de formación adecuada tanto de los profesionales de base como de los técnicos intermedios, no hay que olvidar que ello puede ser también la consecuencia de muy diversos factores: la complejidad y, al mismo tiempo, ambigüedad de la tarea que se les encomienda, la dinámica político-institucional de la que necesariamente forman parte, la dificultad del medio social en el que deben intervenir e, incluso, la influencia -no siempre consciente- de la incomprensión por parte de la opinión pública hacia profesiones como éstas, ya que, en general, existe la creencia de que al delincuente hay que castigarlo, no educarlo. 

Opciones o alternativas de formación suponemos que las puede haber de muy diverso signo; suponemos, también, que todo ello estará en función del tipo de profesional que queremos formar y, en segundo lugar, de las tareas que se le encomiendan al mismo. 

Nosotros partimos del supuesto de que actualmente, en nuestro contexto, no se está dando a los profesionales -sean de base o sean técnicos- la formación adecuada a lo que por ley se les exige, es decir, facilitar la efectiva inserción social del inadaptado e infractor de la norma social. Probablemente, ello es debido a dos factores: el primero hace referencia a los supuestos de partida del planteamiento de la formación, y el segundo se refiere a lo que calificaríamos como un error de fundamentación teórica. 

Nos referiremos a continuación al primero de los factores. Existe la creencia implícita en los diseñadores de los planes y cursos de formación de que una buena información y un elevado dominio de la metodología de intervención, con la correspondiente habilidad en la aplicación de las técnicas que se cree pueden ayudar en el proceso de socialización o resocialización, es suficiente para formar a un profesional capaz de hacer frente a tal tarea. 

Sin duda, tanto la información como el dominio y habilidad en el manejo de técnicas de intervención son imprescindibles. El profesional debe conocer aspectos legislativos, aspectos de procedimiento judicial-penal y de aplicación de medidas judiciales y sentencias; debe conocer aspectos determinados del funcionamiento institucional, estar informado del trabajo que en materia de intervención se realiza en otros países, familiarizarse con diversas formas o modelos de intervención, saber en qué consisten las nuevas disposiciones judiciales que recientemente se han introducido en el ámbito de la Justicia Juvenil, etc. 

Respecto a los temas de metodología de intervención, evidentemente es imprescindible que el profesional sea diestro en su aplicación: debe saber diseñar un proyecto educativo individual, trazar un plan de acción, dominar las técnicas de recogida y registro de información, debe saber interpretar tal información, realizar pronósticos en base a la misma, evaluar resultados; debe dominar técnicas de observación, de entrevista, de dinámica de grupos, técnicas de intervención individual y grupal procedentes de diversos campos teóricos. 

Respecto a la fundamentación teórica, son numerosas y de carácter muy diverso las teorías que hacen referencia tanto a la etiología de la delincuencia como al modo de tratarla. No obstante, todos los estudiosos del tema tienden a coincidir en que todas ellas son teorías o explicaciones parciales de este fenómeno; dan respuestas plausibles a determinados aspectos de la delincuencia, pero, en cambio, ignoran otros. Incluso las teorías multifactoriales o multicausales, que tanto se usan en estos últimos años, están formuladas en términos tan generales que dejan sin solucionar casi los mismos aspectos que las teorías unifactoriales (Guasch García, 1991). Según Rutter y Giller (1983:178), "sus limitaciones se basan en su incapacidad para tratar con (o a menudo incluso para darse cuenta de) algunos de los hallazgos empíricos más sorprendentes que es necesario tomar en consideración. Por ejemplo, dar poca importancia al marcado alto índice de delincuencia en los varones, o al hecho de que alrededor de la mitad de los delincuentes jóvenes no van nunca más a los tribunales, o la gran disminución de la conducta antisocial al inicio de la edad adulta, o las relaciones existentes entre la ejecución cognitiva y los transtornos de conducta, o las variaciones situacionales en la conducta delictiva, o el marcado incremento en el índice de delincuencia a lo largo de la segunda mitad de este siglo". 

Todas esas teorías, que podríamos englobar bajo el denominador común de las teorías de la privación y la desventaja, centran sus esfuerzos en identificar variables sociales y variables individuales como causas de la delincuencia: ambiente social degradado, influencia del grupo de iguales, familias desestructuradas, escasos recursos económicos, privaciones afectivas, escaso control parental, desventajas educacionales, falta de oportunidades de ocupación, procesos de "labelling", etc.

 

Todos estos factores, que normalmente van asociados con la conducta delictiva de los menores y jóvenes que actualmente llegan a los Juzgados, han sido siempre identificados como causas generales de la delincuencia. No obstante, cabe sugerir que como explicaciones del fenómeno delictivo tienen muchos defectos: ofrecen explicaciones excesivamente generales y no existe evidencia objetiva del vínculo que se dice que existe entre la causa general y la conducta individual. Y es más, aún en el supuesto de que en la mayoría de los casos esas fueran las causas originales, no debemos olvidar la importancia de los procesos causales. 

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (VIII): Otros profesionales del ámbito de la inadaptación social.

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (VIII): Otros profesionales del ámbito de la inadaptación social.

Otros profesionales del ámbito de la inadaptación social.

Son numerosos los profesionales que desarrollan su actividad en este campo tan amplio y, a la vez, tan complejo como es la inadaptación social. Por esta razón pensamos que es de suma importancia realizar un esfuerzo previo de definición y delimitación, tanto respecto a los diversos ámbitos de intervención que se engloban bajo esa denominación, como respecto a los diversos grupos de profesionales que intervienen en cada uno de ellos. 

"En general, se entiende por inadaptado social a toda persona (niño, adolescente, joven o adulto) que por su comportamiento en interacción con los demás y por su estilo de vida no encaja en los patrones normales de comportamiento social aceptados por la comunidad o sociedad mayoritaria" (Guasch y Ponce, 1993:111). Tal y como reconocen dichas autoras, bajo tan amplia definición caben gran número de categorías de personas con características y problemáticas muy diversas, desde el adolescente que se fuga de casa o comete actos vandálicos, hasta el individuo que cumple una condena en la cárcel, pasando por el vagabundo, la prostituta o el pequeño ratero. Asimismo, de acuerdo con la definición, y a modo de reflexión, cabría plantearnos si también habría que calificar como inadaptados sociales a todos aquellos que cometen delitos de cuello o guante blanco o a los responsables de las industrias que cometen delito ecológico o contra la salud pública, por ejemplo. 

Ante tan complejo panorama es imposible llegar a una definición común sobre prácticas de intervención o sobre formación de los profesionales en el ámbito de la inadaptación social, que es el tema que nos ocupa. 

Muchos de ellos tienen encomendadas acciones de tipo socio-asistencial y educativo. De éstos, algunos lo hacen por un imperativo social (Asistentes Sociales, Educadores Especializados...), mientras que otros lo hacen por mandamiento judicial, aunque el compromiso es el mismo: trabajar por la integración social del delincuente común o, si se prefiere, del asocial o disocial. 

En un esfuerzo de delimitación, vamos a referirnos únicamente a aquellos profesionales que intervienen por orden judicial sobre la población de menores y jóvenes delincuentes. Esta población está compuesta por niños y adolescentes que se encuentran por debajo de la mayoría de edad penal (en el Estado Español los 16 años) y los jóvenes entre 16 y 21 años, aproximadamente. Si hacemos esta distinción es debido a que los profesionales que intervienen en cada grupo de edad no son, en general, los mismos. 

Son básicamente tres las figuras que tienen encomendadas, por orden judicial, tareas educativas destinadas a los menores y jóvenes transgresores de la Ley; ciñiéndonos a las denominaciones del ámbito geográfico de Catalunya, estos profesionales son los Educadores de los Centros de Reforma y los Delegados de Asistencia al Menor (D.A.M.), ambos pertenecientes a la Dirección General de Justicia Juvenil del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, y los Educadores de los Centros Penitenciarios, pertenecientes a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación del mismo Departamento. 

La diferencia fundamental entre los tres tipos de profesionales es el ámbito físico de su actuación: mientras los Educadores de Centro de Reforma y de Centro Penitenciario trabajan en un "medio cerrado", donde el sujeto destinatario de su acción está privado de libertad, los DAM intervienen en "medio abierto", es decir, en el propio medio social y familiar del menor o joven que, en este caso no se encuentra privado de libertad sino que está sujeto, la mayoría de las veces, a una medida judicial conocida como Libertad Vigilada.

Todos estos profesionales tienen una formación similar. La mayoría de ellos son licenciados en Ciencias de la Educación, licenciados en Psicología o maestros (si bien en el colectivo de DAM podemos encontrar también a asistentes sociales y abogados, aunque en un número no representativo). 

Es fácilmente constatable que ninguno de ellos tiene una formación específica en el ámbito de la inadaptación social y, concretamente, sobre la delincuencia infantil y juvenil. Si nuestras informaciones son correctas, únicamente en la licenciatura de Pedagogía se incluyen algunos temas, a menudo de manera tangencial. 

Como en tantos otros campos, estos profesionales van adquiriendo su formación específica una vez están dentro de la institución en que desarrollan su actividad. Por ejemplo, los DAM realizan periódicamente unos cursos de formación obligatoria organizados por el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya; lo mismo cabe decir de los Educadores de Centros de Reforma y de Prisiones. Fuera del ámbito catalán, cabe destacar al Centro de Estudios Judiciales del Ministerio de Justicia y al Centro de Estudios del Menor del Ministerio de Asuntos Sociales, los cuales realizan también labores de formación en este sentido. 

No obstante, en su conjunto, pensamos que esa formación, aun siendo absolutamente necesaria y útil, es insuficiente y, a menudo, poco diversificada y demasiado reiterativa. Pero no es nuestra intención efectuar una crítica destructiva de la formación que actualmente reciben los profesionales del campo de la inadaptación social; es más, pensamos que la tarea que llevan a cabo los mencionados centros es, de momento, insustituible. Tampoco queremos entrar en la polémica de si tales profesionales deberían especializarse en la Universidad o fuera de ella. Nuestra intención es realizar una primera aproximación a lo que debería ser la formación específica de los futuros profesionales, teniendo en cuenta que como formación de base es indiscutible que la de los pedagogos, los diplomados en Ciencias de la Educación y en Pedagogía Social es la que más se ajusta a la realidad y a las demandas de la profesión.

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (VII): La profesionalización de los agentes en el ámbito de la inadaptación social.

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (VII): La profesionalización de los agentes en el ámbito de la inadaptación social.

Como hemos ido dejando anotado, la dialéctica de las relaciones entre el individuo y la sociedad ha venido provocando cuadros de problemáticas crecientes, cada vez más complejas, diversificadas e interdependientes, necesitadas, por lo mismo, de acciones múltiples, diferenciadas y especializadas, como única vía de satisfacer las necesidades surgidas en dicha dialéctica. 

En el apartado anterior dejamos indicados tanto algunos de los ámbitos de intervención que se erigen en focos de atención, como el entramado institucional que tiene como objetivo atender dichos ámbitos. En este caso, trataremos de analizar, por más que de modo puramente referencial, las figuras profesionales que han adquirido cierto carácter diferenciado y especializado, surgidas como respuesta a diferentes problemáticas, que son las que han dado lugar a los tratamientos diferenciados y especializados que recaen sobre dichos profesionales. El criterio que tomaremos será el de aceptación e implantación en nuestro contexto, toda vez que aún no se poseen definiciones ni acotamientos universales ni asentados. 

Las figuras profesionales que centrarán nuestra atención, de acuerdo a nuestra propia formulación, serán las siguientes: Trabajadores sociales, Educadores sociales, Equipos de atención a la infancia y adolescencia y Profesionales específicos del campo de la inadaptación social. Aparte de ellos, señalaremos posteriormente, también de manera suscinta, los recursos más generalizables a sus actuaciones: centros abiertos y pre-talleres. 

a.- Los trabajadores sociales 

Los trabajadores sociales (normalmente graduados en trabajo social) son profesionales que centran su actuación en la atención primaria, trabajando fundamentalmente en tres ámbitos de población: infancia y juventud, adultos y tercera edad. El objetivo de su trabajo es la normalización social de los sujetos que atienden. 

Sus intervenciones conllevan acciones preventivas, asistenciales, educativas y rehabilitadoras, realizando trabajos de: 

1. Información: dar a conocer los servicios y recursos existentes, asesorar a la población sobre sus derechos y deberes, etc.
2. Individual y familiar: detectar situaciones de necesidad y/o de riesgo, actuar sobre las causas para evitar la aparición de problemas, provocar procesos de autodesarrollo de manera que la persona se valga por sí misma, determinar los casos susceptibles de Ayuda Domiciliaria, seguir y evaluar el proceso de intervención, etc. 
3. Comunitario: proponer sistemas para favorecer la participación social, fomentar el asociacionismo, promocionar el voluntariado, encontrar soluciones colectivas para problemas individuales, etc.
4. Gestión y organización: aplicar y ejecutar los programas propuestos, sugerir cambios o reformas en los Servicios Sociales para una mejora cualitativa y cuantitativa de la realidad social, etc. 
5. Promoción e Investigación: estudio y conocimiento de la realidad social, elaboración de programas de actuación, participar en la planificación general de Servicios Sociales, etc.
6. Coordinación: promover el trabajo en equipo, integrar todas las acciones que se lleven a término a través de los programas, hacer de intermediario entre la institución y el usuario, etc. 
7. Documentación: realizar informes periódicos y una memoria general del servicio, informar a la administración, etc. 
   

b.-Los educadores sociales 

Son técnicos del equipo de base de atención primaria, cuya función es la intervención educativa con personas y/o grupos que tienen especiales dificultades en su proceso de socialización para conseguir su integración en la dinámica social de su comunidad. 

Su ámbito de intervención se centra en la infancia (0-12 años), la adolescencia y la juventud (13-24 años), llevando a cabo una acción eminentemente educativa. 

Sus principales instrumentos de trabajo son él mismo (establece una relación educativa con el niño o joven) y la planificación educativa: mediante el proyecto de intervención y a partir de un conocimiento de la situación (evaluación inicial), establece unos objetivos, unas estrategias de intervención y los correspondientes sistemas de evaluación. 

Además de llevar a cabo tareas de información, trabajo comunitario, gestión y organización, ..., el educador se centra más en el aspecto individual, en el tratamiento individualizado. En concreto su actuación suele centrarse en las siguientes funciones: 

1. detectar, en el ámbito donde actúe, problemáticas familiares que incidan negativamente en el niño o adolescente; 
2. contacto y coordinación con grupos y/o entidades para la infancia y adolescencia; 
3. sensibilización y educación ciudadana en relación a la infancia y adolescencia; 
4. recogida de datos y elaboración de propuestas de futuros recursos para la infancia y adolescencia y planificación global del sector; 
5. seguimiento de individuos o grupos en riesgo social; 
6. prevención de las situaciones de marginación juvenil; 
7. intervención encaminada a movilizar la red de servicios para intentar restablecer la conexión familiar, escuela, barrio, trabajo o intervenciones con Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia, Juzgados o Servicios Especializados. 

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (VI): LA ESCUELA

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (VI)

LA ESCUELA

Cuando no era obligatorio ir a la escuela, el niño que tenía dificultades para aprender, para adaptarse, se quedaba en la calle o en casa. Pero en el momento en que la enseñanza es obligatoria por ley, acuden a las aulas todo tipo de niños. Pero no todos pueden adaptarse y aquí empiezan los problemas. Es, pues, la extensión de la enseñanza primaria y secundaria, la que provoca que la cultura de la pobreza entre en contacto con el saber académico, provocando no pocas colisiones.

Sabemos que cuanto más rígido y estandarizado es el sistema escolar, mayor conflictividad se genera y mayor es el número de alumnos que abandona la escolaridad obligatoria. No es ese nuestro caso, pero aún persisten algunas dificultades en nuestro sistema con las que se debate la escuela: como la rígida organización de los cursos, el número excesivo de alumnos, algunas deficiencias pedagógicas de los profesores, la ausencia de recursos educativos adecuados o la desconexión de la escuela con el entorno que le rodea.

Hay quienes piensan que la escuela, que ha tenido históricamente un papel socializador, hoy en día no da una respuesta adecuada a las necesidades educativas. Con todo, hemos de reconocer que se están produciendo en los últimos tiempos importantes cambios conceptuales en el marco educativo, en el cual se ha ido abriendo camino una concepción de escuela con una función social y educativa de favorecer el desarrollo de todos los alumnos, sean cuales sean sus características individuales y las propias de su entorno; así, pues, una concepción de escuela abierta a la diversidad. 

Pensamos que actualmente la escuela intenta satisfacer las demandas educativas de los alumnos, sus necesidades específicas, a la vez que intenta proporcionar los medios adecuados para que cada alumno alcance los objetivos educativos en unas condiciones lo más normalizadas posible. 

En este sentido es fácilmente asumible que a la escuela le corresponde también detectar los problemas y canalizar las actuaciones de respuesta a quien corresponda (en el caso de que sean problemas escolares, la escuela ha de organizar los mecanismos de actuación para que se atienda al niño institucionalmente; en el caso de que sean problemas no escolares -niño enfermo, maltratado, ...- es necesario establecer vínculos con otros servicios (servicios sociales,…). También le corresponde actuar de la forma menos discriminatoria y más eficaz. 

Le debemos al Warnock Report (1978) la introducción del concepto de "necesidades educativas especiales”. Decimos que un alumno tiene necesidades educativas especiales si se le aprecian dificultades de aprendizaje que hacen necesario disponer de recursos educativos especiales para atender a tales dificultades. Pues bien, el derecho a la educación exige respuestas adaptadas a las “inadaptaciones” que tenga cualquier individuo, a sus necesidades educativas especiales. 

La educación ha de ser "individualizada", ha de responder a las características y necesidades concretas de cada individuo, ha de respetar las diferencias. Para ello se han de adoptar programas y métodos a situaciones y sujetos concretos, es decir, a individuos que por factores personales, familiares o sociales no se adaptan o están en peligro de no adaptarse a las normas socialmente aceptadas. 

El currículum de los sujetos con necesidades educativas especiales es el currículum ordinario de la enseñanza obligatoria, pero con las adaptaciones necesarias a las posibilidades de cada alumno.

La escuela, para compensar los problemas y déficits que presentan los alumnos, ha de partir del conocimiento de sus alumnos y de las necesidades concretas que presenten. La respuesta está en avanzar hacia un nuevo modelo de acción educativa, centrado en la especificidad de los alumnos y en el que se disponga de los recursos humanos y materiales necesarios, así como de un profesorado preparado, capaz de detectar estos problemas y de adaptar la organización escolar y la conducción de los procesos de aprendizaje a los diferentes ritmos de sus alumnos(como estableciera en su momento Hegarty, 1988: 12). 

Este modelo de acción educativa, entre otros puntos, habría de tomar en consideración: 

• Un sistema escolar flexible y planificado, teniendo en cuenta la realidad contextual, 
• La adaptación de la enseñanza al alumno, tener en cuenta su personalidad, capacidad y ritmo, para lo cual la escuela debe: 
• Una enseñanza eminentemente práctica

En definitiva, la repuesta escolar a los problemas de inadaptación ha de venir de la mano de una educación significativa y pertinente, alejada del memorismo, uniformismo, pasividad y poca significatividad.

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (V): LOS SERVICIOS SOCIALES

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (V)

LOS SERVICIOS SOCIALES

El Consejo de Europa define estos Servicios Sociales como los organismos que tienen por finalidad aportar ayuda y asistencia personal directa a individuos, grupos o comunidades a fin de hacer posible su integración en la sociedad, para lo cual ponen en juego distintos mecanismos de ayuda. Se exceptúan los servicios que se ocupan únicamente de asegurar un cierto nivel de vida mediante prestaciones de carácter económico. 

La Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 25, establece que el objetivo de los Servicios Sociales es "ayudar a la adaptación recíproca entre los individuos y su medio ambiente". 

El modelo de servicios sociales vigente en España (Cabra y Cañon, 1987) sería el siguiente: 

A.-Organización formal: Las características básicas que definen el sistema de servicios sociales se pueden sistematizar de la siguiente manera: 

-Se ha adoptado un sistema mixto, en el que conviven el sector público y el sector privado o de iniciativa social.
-Las instituciones actúan bajo el principio de descentralización política y administrativa, ya que las competencias se encuentran distribuidas en tres ámbitos distintos: 

• Administración del Estado: representada por los Servicios Sociales de la Seguridad Social (Instituto Nacional de Servicios Sociales) en la parte no transferida a las Comunidades Autónomas y por la Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
• Comunidades autónomas: aunque cada autonomía tiene una problemática específica y, por tanto, una actuación especial (una legislación social y Leyes de Servicios Sociales en cada una de las Autonomías), hay unas competencias comunes a todas ellas, como son la planificación y distribución de recursos, la gestión especializada y la ejecución de Mapas de Servicios Sociales. 
• Entidades Locales: Su función es la organización y gestión de los Servicios Sociales dentro de un marco o zona geográfica determinada. Al Centro de Servicios Sociales (compuesto por trabajadores sociales, psicólogos, educadores y personal administrativo) le corresponde: la detección de necesidades, la programación y la puesta en marcha de los distintos programas, así como la evaluación de los mismos. 

B.-Financiación: los Servicios Sociales se costean con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o de los de la Seguridad Social en su caso (lo que viene a ser lo mismo).

C.-Areas de actuación: priman los aspectos de actuación preventiva y, a su vez, implican a la población a participar en el conocimiento y resolución de sus problemas, actuando pues como elemento dinamizador del desarrollo social. Se estructura en los siguientes servicios: información y asesoramiento, ayuda a domicilio, prevención y reinserción, alojamiento y convivencia. 

Es preciso superar el concepto de beneficiencia, de ayuda al necesitado, para llegar a establecer servicios abiertos a toda la población. Sólo normalizando los servicios sociales se evitará el problema de la estigmatización que algunos de ellos poseen. Hablamos de normalización de los servicios en el sentido de que no han de ser marginadores, sino destinados a amplios sectores de la población, por lo que han de estar insertos en la comunidad.

D.-Gestión de los Servicios Sociales: son los Ayuntamientos la unidad territorial básica sobre la que recae la gestión directa de los servicios sociales. 

La siguiente aclaración podría ser un resumen de todo lo expuesto: "Se configura en los últimos años un modelo de servicios sociales donde prevalece la figura del usuario como actor de la acción social (a), donde el territorio es la base (b), donde se prima el colectivo sobre el individuo (c), donde la planificación es el eje (d) y la participación se da como objetivo de solidaridad (e)" (Bueno, 1987: 128). Los supuestos que subyacen en esta afirmación son, para dicho autor, los siguientes: 

a) la institución ha de adaptarse a las cambiantes realidades sociales,
b) la descentralización hace que los servicios se acerquen más al ámbito territorial de los ciudadanos,
c) se intenta pasar de una ayuda individual centrada sobre una situación- problema individual a un proceso de acciones centrado sobre una situación- problema colectivo en interacción con la situación individual,
d) la planificación parte de los contextos, se sitúa sobre los objetivos y valores que se pretenden aceptar o satisfacer, promueve acciones , etc.
e) participación de los usuarios en la definición, intervención y resolución de las propuestas de actuación. 

La crisis económica supone el recorte de presupuestos para programas de atención social. Ante esta situación, hay quienes se plantean la disminución de la intervención estatal, devolver protagonismo y responsabilidad a la población: las redes naturales -familiares y comunitarias- e impulsar grupos de voluntarios. 

En algunos países europeos se ha producido una crisis del Estado del Bienestar. En España es difícil hacer unos planteamientos teóricos al respecto, ya que en nuestro país no ha habido un desarrollo del Estado del Bienestar comparable al europeo.

Siguiendo con los Servicios Sociales, dentro de ellos podemos distinguir entre servicios sociales de atención primaria y servicios sociales especializados, que nosotros trataremos referidos al ámbito de la infancia y la adolescencia. 

1.-Servicios sociales de atención primaria en el ámbito de la infancia y adolescencia.- 

Constituyen el punto de acceso inmediato y el escalón del sistema de servicios sociales más próximo al usuario. Suponen un proceso de intervención globalizada y dirigida al conjunto de la población, especialmente a aquellos que presentan algún tipo de problema social. 

Su objetivo global es la promoción y desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos mediante la información y asesorameinto de sus derechos y de los recursos sociales existentes y la promoción de asociaciones sociales que pretendan el desarrollo de la comunidad. 

En el ámbito de la infancia y adolescencia, son criterios de intervención de los Servicios Sociales de Atención Primaria los siguientes: 

• la sensibilización y educación social de la población 
• considerar la intervención con los menores desde una perspectiva global, concentrada en su escenario socio-familiar.
• atención al núcleo familiar natural del niño, para garantizar unas relaciones estables en el seno de la familia, recursos de ayuda a la familia (ayuda material, ayuda domiciliaria, ...). 
• atención personalizada y especializada al niño que ha tenido problemas en su desarrollo. 

2.-Servicios sociales especializados en la atención a la infancia y adolescencia.- 

Los servicios sociales de atención primaria derivarán sus casos, cuando sea necesario, a otros profesionales o servicios más especializados, que serán los encargados de atender a ciudadanos en situación de dificultad social fuera de su entorno habitual de vida. Resuelven problemas no abordables desde el nivel primario: sujetos con problemas especiales o que requieran de especialistas, situaciones en que los sujetos han de salir a vivir fuera de su medio como medida de recuperación, instituciones específicas que por su propia naturaleza desbordan los planteamientos de una atención primaria (hospitales, residencias, ...). 

En el campo de la infancia, los Servicios Sociales de Atención Primaria, como hemos visto, intervienen en los casos de riesgo, cuando la familia reconoce sus carencias. El paso a los Servicios Sociales Especializados no se ha de considerar como un castigo a la familia, sino que se ha de concebir como otra oferta de ayuda, ya que la primera ha resultado fallida. 

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (IV): Instituciones

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (IV)

Instituciones

La institucionalización del ámbito social es consecuencia de la construcción y consolidación de un Estado Democrático y de Derecho, de un Estado Social. 

La Política Social, que da pié a la institucionalización que comentamos, se va acercando cada vez más a lo que en nuestro entorno geopolítico es conocido como el "WELFARE STATE": política social que se entiende como el resultado institucional de la adopción por parte de la sociedad de la responsabilidad legal, y por tanto formal y explícita, del bienestar básico de todos sus miembros

El Bienestar Social es aquella situación de una sociedad en que las personas y grupos que la forman tienen cubiertas las necesidades básicas, disfrutan de las máximas posibilidades de desarrollo personal y no están sujetos a discriminaciones. El Estado se hace responsable del acceso de todos los ciudadanos a los servicios sociales: educación, sanidad, mantenimiento de la renta, vivienda y servicios sociales personales. 

La política de Bienestar Social pretende que los problemas sociales de cada colectivo discriminado sean desarrollados como Programas de Bienestar Social, con medidas normalizadoras dentro de los sistemas ordinarios horizontales de protección social, esto es, mediante la aplicación de los principios de prevención, promoción de la autonomía personal e integración social, con medidas de acción positiva para la igualdad de oportunidades. 

En esta concepción el Estado es responsable de que cada ciudadano pueda hacer uso de los derechos y libertades que la Constitución establece, a través de la creación de servicios públicos de protección social: redes normalizadas y, por tanto, normalizadoras. 

En España, la proclamación de la Constitución significó un notable avance en este sentido, ya que supuso la supresión del concepto de Beneficiencia Pública en favor de una clara definición de cuál debe ser la filosofía reguladora de los Servicios Sociales. Estos Servicios Sociales son entendidos como los servicios que ofrecen determinadas administraciones o instituciones, ya sean públicas o privadas, para prevenir las situaciones de privación y marginación social en que algunos grupos y personas se encuentran y para atender las necesidades y carencias sociales que padece la sociedad. También promueven el bienestar de los ciudadanos ayudándoles a resolver sus problemas y a mejorar su calidad de vida. Todo ello mediante centros, equipos técnicos y unidades administrativas de gestión pública y privada. Pero no adelantemos acontecimientos. 

Parece lógico que antes de hablar de las Instituciones que actúan en la escena social, hablemos de cuáles son los ámbitos de intervención; de esta forma, al referirnos a una Institución concreta estaremos en condiciones de contextualizarla de inmediato. 

Los distintos tipos de problemática o condición y, a su vez, los individuos y colectivos sociales que los sustentan, constituyen en sí mismos los ámbitos de intervención. Podríamos definir, en consecuencia, un ámbito de intervención con el calificativo correspondiente a la colectividad social que presenta una problemática, una necesidad o una condición específica. Según esto, los ámbitos de intervención que podemos distinguir son los siguientes (cabe advertir que dichos ámbitos no son excluyentes, es decir, un mismo individuo o colectivo puede encajar, por su problemática o condición, en varios ámbitos): 

• Barrios y/o comunidades vecinales * Adultos * Minorías étnicas * Inmigrados * Inadaptados sociales * Ancianos * Enfermos
  * Infancia y juventud en riesgo social * Parados * Trabajadores * Etc. 

Aunque también podríamos definir los ámbitos de intervención por el tipo de actuación que se lleva a cabo; según este criterio los ámbitos serían escenarios mucho más amplios que los enumerados anteriormente y, en consecuencia, abarcarían probablemente a más de un colectivo de población. Visto desde este otro prisma, los ámbitos de intervención social que podemos distinguir son los siguientes: 

• Animación socio-cultural * Animación socio-laboral y económica * Educación de Adultos * Educación para la Tercera Edad * Educación del Tiempo Libre
  * Educación Compensatoria * Formación Ocupacional * Reinserción Social
  * Etc. 

Las instituciones que intervienen en los ámbitos mencionados anteriormente las podemos clasificar en tres grandes grupos: 

• Instituciones de carácter oficial y público: son aquellas que dependen orgánicamente tanto del Gobierno Central, como de las Comunidades Autónomas, como de los diversos Ayuntamientos (Ministerios, Direcciones Generales, Institutos, Servicios ...). Por sus medios y embergadura atienden a muy amplios y diversos colectivos de población. Por ejemplo, en Catalunya, el Departament de Bienestar Social, a través de diferentes Direcciones Generales, y éstas a su vez a través de Institutos, Servicios, Equipos, etc., atiende a colectivos como ancianos, adultos analfabetos, infancia en riesgo social, comunidades vecinales, jóvenes, inmigrados, etc. 

Lo mismo cabría decir, aunque con acciones más modestas pero no menos eficaces, de los Ayuntamientos, mediante los Institutos de Servicios Sociales. Contamos también con otras instituciones de carácter público que se diferencian de las anteriores en que sus acciones van dirigidas a un colectivo específico o a varios colectivos con problemáticas muy similares. Unas de tales instituciones sería, por ejemplo, el INEM. 

• Instituciones de carácter privado: Gran parte de estas instituciones, pese a ser de carácter privado, funcionan generalmente gracias a subvenciones públicas. Sus servicios son muy diversos y abarcan a colectivos de población muy variados. Podemos encontrar desde centros de recreo ("esplais") situados en los diferentes barrios y destinados a ofrecer alternativas de ocio a niños y jóvenes, o talleres ocupacionales destinados a jóvenes en situación de riesgo social y con escasas posibilidades de entrar en el mundo laboral por canales "normales", hasta centros u organismos destinados a la reinserción social de ex-reclusos (OBINSO e IRES, en Barcelona) o comunidades terapéuticas para drogodependientes (EL PATRIARCA y PROYECTO HOMBRE, en diversas capitales del Estado). 

• Instituciones religiosas y caritativas: Aquí cabría destacar la labor de CARITAS, cuya intervención se extiende a muy diversos colectivos (inmigrados, refugiados, reclusos, indigentes, mujeres maltratadas, gitanos, analfabetos, etc.) y a la labor de las diferentes Parroquias situadas en los distintos barrios. Estas últimas realizan una insustituible acción de dinamización socio-cultural en numerosos barrios marginales y depauperados de las grandes ciudades, donde las iniciativas institucionales públicas, gubernamentales, no suelen llegar por una u otra razón. 

En todos los casos estamos hablando de instituciones cuya razón de ser radica en "asistir" o ayudar a individuos o grupos en dificultad o con necesidades sociales de carácter especial. En general, todas ellas forman el entramado de lo que se ha dado en llamar servicios sociales, tal como decíamos más arriba.