domingo, 6 de noviembre de 2016

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (IX): Otros profesionales del ámbito de la inadaptación social. (Continuación)

LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL (IX): Otros profesionales del ámbito de la inadaptación social. (Continuación)

Otros profesionales del ámbito de la inadaptación social.

En los últimos años, los cambios legislativos que se han producido en materia de Justicia, especialmente de Justicia Juvenil, han recualificado y especializado enormemente la figura del DAM y, en menor medida, la del educador de Centro o de Prisiones. A todos ellos se les da una doble función: por una parte, la educativa (o educativo-asistencial) y, por otra, la de control, teniendo que hacer difíciles equilibrios para cumplir con ambas sin perder por ello la confianza ni del menor o joven ni, por supuesto, la del Juez, ni la de la Institución, ni, por extensión, la de la sociedad en general. 
A todos los requerimientos nuevos y viejos de la profesión, se unen el conocimiento de las experiencias de países extranjeros en materia de intervención educativa sobre la delincuencia, así como de las investigaciones realizadas dentro y fuera de nuestro país sobre aspectos muy variados relacionados directamente con el tema de la inadaptación social. 
A pesar de todos los cambios y de la posibilidad de acceso a tantos nuevos conocimientos y experiencias, parece (salvo algunas excepciones de equipos que trabajan cohesionadamente en pro de la mejora real de su trabajo) como si el profesional de base estuviera anclado en formas de intervención rutinarias, escasamente cuestionadas, algunas veces burocratizadas y, en pocas ocasiones, provocadoras del cambio cualitativo que debe producirse en el comportamiento y estilo de vida de los menores y jóvenes a fin de conseguir su efectiva inserción social. 

Si bien esta situación la podemos achacar en parte a una falta de formación adecuada tanto de los profesionales de base como de los técnicos intermedios, no hay que olvidar que ello puede ser también la consecuencia de muy diversos factores: la complejidad y, al mismo tiempo, ambigüedad de la tarea que se les encomienda, la dinámica político-institucional de la que necesariamente forman parte, la dificultad del medio social en el que deben intervenir e, incluso, la influencia -no siempre consciente- de la incomprensión por parte de la opinión pública hacia profesiones como éstas, ya que, en general, existe la creencia de que al delincuente hay que castigarlo, no educarlo. 
Opciones o alternativas de formación suponemos que las puede haber de muy diverso signo; suponemos, también, que todo ello estará en función del tipo de profesional que queremos formar y, en segundo lugar, de las tareas que se le encomiendan al mismo. 
Nosotros partimos del supuesto de que actualmente, en nuestro contexto, no se está dando a los profesionales -sean de base o sean técnicos- la formación adecuada a lo que por ley se les exige, es decir, facilitar la efectiva inserción social del inadaptado e infractor de la norma social. Probablemente, ello es debido a dos factores: el primero hace referencia a los supuestos de partida del planteamiento de la formación, y el segundo se refiere a lo que calificaríamos como un error de fundamentación teórica. 
Nos referiremos a continuación al primero de los factores. Existe la creencia implícita en los diseñadores de los planes y cursos de formación de que una buena información y un elevado dominio de la metodología de intervención, con la correspondiente habilidad en la aplicación de las técnicas que se cree pueden ayudar en el proceso de socialización o resocialización, es suficiente para formar a un profesional capaz de hacer frente a tal tarea. 
Sin duda, tanto la información como el dominio y habilidad en el manejo de técnicas de intervención son imprescindibles. El profesional debe conocer aspectos legislativos, aspectos de procedimiento judicial-penal y de aplicación de medidas judiciales y sentencias; debe conocer aspectos determinados del funcionamiento institucional, estar informado del trabajo que en materia de intervención se realiza en otros países, familiarizarse con diversas formas o modelos de intervención, saber en qué consisten las nuevas disposiciones judiciales que recientemente se han introducido en el ámbito de la Justicia Juvenil, etc. 

Respecto a los temas de metodología de intervención, evidentemente es imprescindible que el profesional sea diestro en su aplicación: debe saber diseñar un proyecto educativo individual, trazar un plan de acción, dominar las técnicas de recogida y registro de información, debe saber interpretar tal información, realizar pronósticos en base a la misma, evaluar resultados; debe dominar técnicas de observación, de entrevista, de dinámica de grupos, técnicas de intervención individual y grupal procedentes de diversos campos teóricos. 
Respecto a la fundamentación teórica, son numerosas y de carácter muy diverso las teorías que hacen referencia tanto a la etiología de la delincuencia como al modo de tratarla. No obstante, todos los estudiosos del tema tienden a coincidir en que todas ellas son teorías o explicaciones parciales de este fenómeno; dan respuestas plausibles a determinados aspectos de la delincuencia, pero, en cambio, ignoran otros. Incluso las teorías multifactoriales o multicausales, que tanto se usan en estos últimos años, están formuladas en términos tan generales que dejan sin solucionar casi los mismos aspectos que las teorías unifactoriales (Guasch García, 1991). Según Rutter y Giller (1983:178), "sus limitaciones se basan en su incapacidad para tratar con (o a menudo incluso para darse cuenta de) algunos de los hallazgos empíricos más sorprendentes que es necesario tomar en consideración. Por ejemplo, dar poca importancia al marcado alto índice de delincuencia en los varones, o al hecho de que alrededor de la mitad de los delincuentes jóvenes no van nunca más a los tribunales, o la gran disminución de la conducta antisocial al inicio de la edad adulta, o las relaciones existentes entre la ejecución cognitiva y los transtornos de conducta, o las variaciones situacionales en la conducta delictiva, o el marcado incremento en el índice de delincuencia a lo largo de la segunda mitad de este siglo". 
Todas esas teorías, que podríamos englobar bajo el denominador común de las teorías de la privación y la desventaja, centran sus esfuerzos en identificar variables sociales y variables individuales como causas de la delincuencia: ambiente social degradado, influencia del grupo de iguales, familias desestructuradas, escasos recursos económicos, privaciones afectivas, escaso control parental, desventajas educacionales, falta de oportunidades de ocupación, procesos de "labelling", etc.

 

Todos estos factores, que normalmente van asociados con la conducta delictiva de los menores y jóvenes que actualmente llegan a los Juzgados, han sido siempre identificados como causas generales de la delincuencia. No obstante, cabe sugerir que como explicaciones del fenómeno delictivo tienen muchos defectos: ofrecen explicaciones excesivamente generales y no existe evidencia objetiva del vínculo que se dice que existe entre la causa general y la conducta individual. Y es más, aún en el supuesto de que en la mayoría de los casos esas fueran las causas originales, no debemos olvidar la importancia de los procesos causales

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